La denominada «tasa Google» que comenzó Montero, sigue su curso, busca gravar los servicios digitales.
Aunque con el cambio de Gobierno se prevén algunos cambios en este proyecto que busca gravar a la economía digital y a los servicios que ofrezcan en España intermediación, publicidad y venta de datos, con un tipo de entre un 3% y un 5%.
¿que és?
No es más que un canon, un proyecto de reforma de la conocida Ley de Propiedad Intelectual que obliga a pagar a los prestadores de servicios y agregadores de noticias por enlazar y mostrar contenido de medios de comunicación.
Se llama Canon AEDE porque la Asociación de Editores de Diarios Españoles es la encargada de repartir el montante de la sanción a estos agregadores.
Para los que no la conozcáis entró en vigor en 2015 y ahora con el cambio de Gobierno van a continuar con ella
Y es que, si hasta ahora, el plan de Montoro era aplicar este impuesto a las grandes tecnológicas muy criticadas por sus artimañas para tributar lo mínimo por su actividad en varios países del territorio europeo.
Su predecesora María Jesús Montero, busca ampliar la tasa a cualquier compañía nacional y extranjera que ofrezca estos servicios en nuestro país.
¿para qué?
Imposición con la que se pretenden recaudar 600 millones de euros y que presentará, previsiblemente, según el diario Expansión, la Ministra de Hacienda este miércoles en el Congreso.
Google ha pedido a los medios de comunicación y plataformas de contenido que forman parte de su Iniciativa de Noticias Digitales (DNI, por sus siglas en inglés) que presionaran a los miembros del Parlamento Europeo contra la Directiva que modifica algunas normas sobre copyright en territorio europeo.
Wikipedia por ejemplo, en una muestra de total rechazo a la normativa, cerró su web durante 36 horas..
«En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web»
La ampliación del proyecto incluiría a operadores de telefonía o plataformas digitales de economía colaborativa que, de una y otra manera, comercializan con datos y que pasarían a formar parte del grupo de contribuyentes de este impuesto indirecto que gravará el servicio y no a la empresa.
No obstante, todavía faltan algunos detalles por ultimar como el umbral de facturación de las empresas que estarían obligadas a pagar el impuesto y que, afirman desde el diario, será menor al que pretende establecer Bruselas que la fija en 750 millones de euros a nivel global y 50 millones en el territorio europeo.